El 15 de junio de 2018, la facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Nacional de Chimborazo, firmó un convenio de cooperación con la Secretaría del Agua (Senagua), que permitirá a los docentes y estudiantes de la carrera de Derecho asesorar a las comunidades rurales en obtener la personería jurídica de las Juntas de Agua y el aprovechamiento de este recurso estratégico del Estado ecuatoriano.
El Eco. Patricio Sánchez Cuesta, decano de Ciencias Políticas y Administrativas, señaló que, con la firma del convenio, se oficializa el funcionamiento de “los Consultorios Jurídicos de apoyo hacia las Juntas de Agua y todas las personas que necesitan nuestros servicios”, reconociendo que para la universidad es un día para recordar “porque hoy se cumple el mandato constitucional de que la Academia trabaje junto a la población”.
Por Senagua, intervino la Dra. Mariana Yumbay, para recalcar que su institución es “el órgano rector del agua, que debe garantizar el acceso a este bien a todos, sin discriminación alguna, de esta forma, cumpliendo con lo que dice la norma constitucional, que el agua es un derecho humano, tenemos la gran tarea de cumplir”. Además, el Lic. Olmedo Iza, subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Pastaza, informó que el convenio pone el marco legal a un trabajo constante que ya se ha realizado con la Unach.
Por los beneficiarios, participó la representante de la Junta de Riego María Mayacela, quien expresó que el convenio de cooperación interinstitucional de prácticas preprofesionales “representa para las organizaciones para las organizaciones comunitarias una gran oportunidad, ya que el recibir este apoyo jurídico gratuito, en muchos ámbitos requeridos, es un gran ahorro económico, de esfuerzos y de tiempo”.
Finalmente, la estudiante de Derecho Abigail Rosero, quien afirmó que los estudiantes de la Unach, “es importante poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, como futuros profesionales del Derecho”, recalcando que la importancia radica no solamente en el asesoramiento legal sino el intercambio cultural con las comunidades indígenas y campesinas.
Tanto los universitarios como los beneficiarios, coincidieron que la relación generada entre las dos instituciones constituye una experiencia práctica, de fácil acceso y totalmente gratuita, conforme a las políticas de intervención que impulsa la universidad, en el marco de la vinculación con la sociedad, motivando a los campesinos a proteger las fuentes hídricas y regularizar el aprovechamiento de las fuentes.
